SÍ. TRUMP PUEDE REVOCAR LEGALMENTE LA CIUDADANÍA Y NO ES EL PRIMERO QUE LO HACE

Por Carlos Carballido. 

Muchos medios propagandistas y organizaciones de activismo migratorio han intentado posicionar la idea de que Donald Trump pretende revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados por simple capricho o xenofobia. 

Esta narrativa, repetida hasta el cansancio, ignora por completo que la posibilidad legal de revocar la ciudadanía ya existe desde hace más de siete décadas, y ha sido aplicada por administraciones demócratas y republicanas por igual. Trump, lejos de actuar de manera arbitraria, está usando herramientas legales que otros presidentes —incluido Obama— también utilizaron.

La base legal que permite revocar la ciudadanía naturalizada está en la Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA §340 / 8 U.S.C. §1451), aprobada en 1952. 

Esta ley fue parte del paquete legislativo conocido como la Ley McCarran–Walter, y fue propuesta por un Congreso de mayoría demócrata, OJO…DEMÓCRATA…aunque impulsada principalmente por su ala conservadora. 

El entonces presidente Harry S. Truman, también demócrata, vetó la ley por considerarla “discriminatoria y racista”, pero el Congreso le dio la espalda: anuló el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que convirtió la ley en vigente hasta hoy.

El Congreso que reinstauró la ley tenía en su seno un fuerte sector antitotalitario, que veía con alarma la infiltración comunista tras la Segunda Guerra Mundial. Pat McCarran y Francis Walter, los principales autores de la ley, eran demócratas, pero pertenecían al sector conservador, profundamente anticomunista. 

El trasfondo de la ley es claro: crear herramientas legales para impedir que personas que ocultaban pasados subversivos o criminales obtuvieran la ciudadanía americana por la vía del engaño. Y no solo apuntaban al comunismo: también al nazismo, al terrorismo y al crimen organizado internacional. El panorama que encuentra  Trump hoy es similar: “naturalizados” que odian a América, defienden paises enemigos o hacen propaganda por ellos llamando al odio y la violencia.

En cuanto a los números, la desnaturalización ha sido históricamente rara, pero constante. Entre 1990 y 2017, se registraron 305 casos, lo que da un promedio de 11 casos por año. 

Durante el primer mandato de Trump, ese número aumentó notablemente, con más de 110 casos referidos al Departamento de Justicia entre 2017 y 2020. 

Las causas más frecuentes de revocación son: fraude documental durante la naturalización, encubrimiento de antecedentes penales o participación en crímenes de guerra.

Querer culpar a Trump de ser un caprichoso y venderlo como el único presidente que aplica esa ley es parte del sesgo cognitivo que se extiende en la opinión pública. 

La administración de Barack Obama, lejos de detener esta práctica, fue la que inició en secreto la “Operation Janus”, una revisión de más de 300.000 expedientes de naturalización dudosa. Aunque el primer caso procesado judicialmente ocurrió bajo Trump, la operación fue estructurada y avanzada durante el gobierno de Obama. A esto se suma que en sus dos mandatos hubo al menos más de 100 casos de desnaturalización, incluyendo exmilicianos africanos y personas con historial terrorista.

La Corte Suprema ha ratificado la constitucionalidad de la desnaturalización en múltiples ocasiones. En Fedorenko v. United States (1981), validó la revocación de ciudadanía de un excolaborador nazi por haber mentido en su proceso. En Maslenjak v. United States (2017), la Corte aclaró que no cualquier mentira basta: debe ser material al proceso. Y en Schneiderman v. U.S. (1943), se reforzó que el estándar probatorio debe ser alto, pero que la ley es válida. 

Asi que paren ya de mentir. Trump puede hacerlo, Obama lo hizo como tantos otros presidentes porque  la ley lo permite desde 1952. 

Fingir lo contrario es simple manipulación ideológica de la cual ya es tan insoportable como un enema intestinal de alcohol con chile habanero o Ají Guaguao de los campos cubanos.