CUBA EXIGE MÁS REQUISITOS PARA IMPORTAR AUTOS Y SE ESPERAN DECOMISOS DE LOS YA ENVIADOS A PARTICULARES.

Por Carlos Carballido

Hay que ser un auténtico comemierda para que cubanoericanos se endeuden conntal de negociar con la tiranía castro-canelista.

El nuevo marco regulatorio cubano para la importación de vehículos amenaza con dejar a decenas de compradores sin sus autos recién enviados desde Estados Unidos. Se habla de más de un centenar de vehículos retenidos en terminales portuarias habaneras que por una excusa u otra no serán entregados a los familiares de los compradores en Estados Unidos.

La exigencia de nuevas “cartas de autorización del fabricante” y la intermediación obligatoria de entidades estatales podrían desencadenar decomisos, retenciones aduanales y pérdidas millonarias para particulares que ya pagaron, una medida burocrática con olor a expropiación.

Desde enero de 2025, el régimen cubano impuso un requisito inusual: toda importación de vehículos debe contar con una autorización escrita del fabricante, además de una garantía técnica, suministro de repuestos y validación por parte de entidades oficiales como CIMEX, DIVEP o SASA.

A simple vista, parece un intento de “profesionalizar” el parque automotor. En países desarrollados esto es normativa pero … ¿En Cuba?

En realidad, semejantes regulaciones solo consolidan el monopolio estatal sobre la importación, dejando fuera a particulares que habían logrado —por primera vez en años— traer autos por su cuenta o a través de sus familiares utilizando agencias privadas desde Florida.

Las empresas importadoras privadas, muchas de ellas radicadas en Miami-Dade y Tampa, ya están suspendiendo envíos. Otras esperan definiciones de La Habana sobre cargas que se encuentran en tránsito marítimo, algunas con destino al puerto del Mariel.

Mientras Washington flexibilizó ciertas licencias de exportación para vehículos hacia cuentapropistas cubanos, la tiranía cubana ha hecho lo contrario: cerró la puerta. La medida deja a los compradores en tierra de nadie.

No pueden reclamar a EE. UU., porque el envío fue legal; tampoco en Cuba, porque ahora el trámite “no cumple los nuevos requisitos”. En la práctica, el régimen podría quedarse con los autos o exigir pagos adicionales, bajo pretexto de “ajuste documental”.

Esto se parece más a una confiscación con papeles que a una política técnica propia de naciones desarrolladas. Una vez tras otra los cubano-americanos del sur de la Florida siguen cayendo en ingenuidades como ya sucedió con las Mipymes.

Y aquí no solo Diaz Canel es Culpable. Mientras Cuba endurece sus condiciones, en Florida varios compradores también están cayendo en trampas de concesionarios fraudulentos.

En 2025, el condado de Miami-Dade destapó una red que defraudó 5.5 millones de dólares mediante documentos falsos y reventa de autos adquiridos de forma ilegal que podrían estar hoy en Cuba, México, Haití y Centro América.

En Jacksonville, otro concesionario fue acusado de recibir casi un millón de dólares en pagos por vehículos nunca entregados.

Y casos similares se repiten en Broward, Osceola y West Palm Beach, donde falsificación de títulos, VIN adulterados y cobros por adelantado son moneda corriente.

Estos fraudes no están directamente vinculados al gobierno de Cuba, pero muestran el caldo de cultivo perfecto para que agencias sin escrúpulos se hayan aprovechado del boom de las exportaciones hacia la isla, suspendidas ahora por las regulaciones de la isla

En muchos de estos envíos, el vehículo ya fue pagado y embarcado bajo contratos que no contemplaban los nuevos requisitos cubanos. Si la Aduana de la isla los considera inválidos, los autos pueden:

• quedar retenidos indefinidamente en puerto,

• ser devueltos al remitente (con costos altísimos), o

• ser nacionalizados por el Estado cubano, bajo el argumento de “abandono o incumplimiento legal”.

Los compradores, al no residir en Cuba o no figurar como importadores registrados, no tienen cómo reclamar ni recuperar su inversión. En el mejor de los casos, enfrentan meses de trámites y sobornos; en el peor, la pérdida total del vehículo

Más allá de la letra técnica, el trasfondo es político: el régimen busca controlar el flujo de divisas y mantener la dependencia económica de quienes todavía pueden pagar un auto nuevo.

Permitir importaciones privadas desde Estados Unidos implicaba dos cosas que La Habana no tolera: autonomía individual y contacto directo con el “enemigo”. Este endurecimiento parece una forma elegante de cerrar la válvula sin admitirlo públicamente. Y de paso renovar el parque vehicular de los altos ejecutivos de la tiranía, que eso… nunca viene mal.

Ni los compradores cubanos ni las agencias en EE. UU. saben hoy qué pasará con los vehículos ya enviados. No existe comunicado oficial que detalle si serán liberados, devueltos o confiscados.

Mientras tanto, el mensaje del régimen es claro: el cubano podrá tener un auto, pero solo si el Estado se lo vende, se lo alquila o se lo permite.

El estúpido que viva en EEUU y no lo entienda seguirá siendo eso: un tonto útil que no acepta que el cubano de adentro no necesita pescado regalado, sino aprender a pescar ( libertad) .