LA DÉBIL ARGUMENTACIÓN DEMÓCRATA PARA EVITAR LA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA EN ELECCIONES
Por Carlos Carballido El proyecto de Ley SAVE, que exigiría prueba de ciudadanía para registrarse en el listado de votantes de su distrito e...
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Por Carlos Carballido
¿Y por qué? Porque, sencillamente, desde el mismo instante en que se aplique a nivel nacional, será muy difícil un posible fraude que favorezca a un político en estados donde hoy no se exigen estos controles.
La argumentación de los demócratas es tan débil como desesperada: el derecho a votar no debe ser limitado para aquellos que, siendo estadounidenses, carecen de esos documentos probatorios.
Para darle más fuerza a su retórica, citan estadísticas de algunos centros que insisten en que el 9 por ciento de los estadounidenses en edad de votar no pueden probar su estatus.
Ese relato funcionaba bien hasta hace unos años, pero en tiempos de IA es tan débil como una copa de bacará.
Las propias encuestas se delatan: hablamos de 1 de cada 11 estadounidenses en esa situación. Es decir, la mayoría abrumadora ya vive con la convicción de que hoy, para casi cualquier cosa, es necesario un ID oficial.
Las estadísticas revelan, además, que quienes carecen de certificados de nacimiento, de naturalización o de pasaporte son, sobre todo, mayores de 65 años y, ojo, a esa edad es difícil que no estén ya en plan de jubilación, discapacidad o asistencia médica especializada. Los que no, seguramente serán habitantes de lugares intrincados donde ni siquiera se toman el trabajo de acudir a las urnas.
La argumentación demócrata también es irracional. Hoy, si deseas abrir una cuenta de banco, rentar un auto, cobrar una pensión o sencillamente presentar una denuncia, debes mostrar un ID. Y para poder hacerlo, previamente tuvieron que ir a una oficina que les exigió una prueba de ciudadanía o, al menos, de estatus legal.
Pero pongamos más trabas: si carecen de todo eso, seguramente en algún momento de su vida sí o sí tuvieron que registrarse en la SSA (Administración del Seguro Social), donde obtuvieron un número válido previa presentación de documentos probatorios de ciudadanía o naturalización. En este último caso era obligatorio notificar a la SSA el cambio de estatus.
En estos tiempos de modernidad y desarrollo tecnológico, un trámite de solicitud de certificado de nacimiento puede demorarse unas dos semanas si es por correo y se consigue el mismo día en las oficinas locales de cada ciudad.
La realidad detrás de todo esto es simple. No se trata de defender a quienes supuestamente no tienen esos documentos probatorios, porque hay tiempo suficiente para obtenerlos. Tampoco es el costo, porque los precios varían entre los 12 y los 24 dólares, dependiendo del estado.
Entonces, ¿qué queda? Un monje llamado Ockham llegó a una de las conclusiones lógicas más utilizadas hasta la actualidad: la respuesta más sencilla suele ser la verdadera.
¿Y cuál es? Los demócratas saben que, si se exige prueba de ciudadanía para registrarse y luego una identificación oficial para el sufragio, esos estados donde siempre ganan pueden empezar a perderse poco a poco o, al menos, la hegemonía comenzará a resquebrajarse.
No hay que complicarse tanto. Impiden la Ley SAVE porque es una puerta abierta al cierre del fraude, a pesar de que pretenden ser justos con una minoría que supuestamente no tiene forma de probar su ciudadanía y que es poco creible con los adelantantos tecnológicos de hoy. Si tanto quisieran ir a votar como cobrar una pensión no hay problemas en buscar sus documentos en regla.
En sociología se llama “conflicto normativo entre integridad electoral e inclusión democrática”. De donde vengo, lo llamamos “descaro en la impunidad”
