Acusación de Trump por sucesos del 6 de Enero tiene poco sustento legal y mucho de persecusión política

 Por Carlos Carballido Los demócratas, sus seguidores y la prensa  convencional  gritan a los 4 vientos que la acusación del fiscal Jack Smi...

 Por Carlos Carballido


Los demócratas, sus seguidores y la prensa  convencional  gritan a los 4 vientos que la acusación del fiscal Jack Smith a Donald Trump ahora si que enviará al expresidente a la carcel al tiemnpo que será su asesinato político.  Lo que ninguno de ello parece haber entendido que en un juicio cualquier acusación debe estar desprovista de lagunas legales, violación de leyes emitidas al respecto y sobre todo enfocar el caso en suposiciones y no en hechos concretos. 

La acusación de Smith, (léala aquí) inicia con lo que otros expertos llaman incongruencia de caso. El Fiscal argumenta que la Ley de Conteo Electoral (ECA, por sus siglas en inglés) le dio a Mike Pence y a los miembros del Congreso solo un trabajo para realizar el 6 de enero de 2021: recopilar, contar y certificar. Smith lo llama la "función del gobierno federal" y afirma que Trump y sus seis cómplices tomaron medidas destinadas a violar esa función "base" de nuestro gobierno federal.

Sin embargo, los argumentos de apoyo del fiscal especial parecen extrañamente incongruentes. Comenzando alrededor del párrafo 12 y avanzando por docenas y docenas de párrafos, el fiscal especial apoya la acusación tratando de probar que no hubo fraude en los diversos estados indecisos. ¿Por qué gastaría tanta tinta en el fraude en los estados si la ECA solo involucra la simple función federal de recolectar, contar y certificar? Ademas, ¿cómo asegurar que no hubo fraude si Nadie se atrevió a investigarlo y los casos presentados fueron desestimados hasta por la Corte Suprema?

Jack Smith  sabe que el equipo de Trump afirmará, con un impacto considerable, que la llamada función del gobierno federal puede tener una limitación: las certificaciones estatales que se vieron afectadas por el fraude.

Igualmente la defensa, a menos que sea muy inepta, argumentarán que el expresidente  y los demas acusados tenían todo el derecho de creer o afirmar  por análisis de expertos consultados que hubo un importante fraude electoral estatal y bajo los derechos que otorga la Primera Enmienda de la Constitución, será mucho más difícil obtener una condena. 

La acusación a Trump por los hechos ocurridos el 6 de Enero del 2020 encuentra un serio escollo legal  en el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), que se describe a sí mismo como una “agencia del poder legislativo federal ubicada dentro de la Biblioteca del Congreso...” 

En uno de sus artículos del 2016 titulado “Recuento de votos electorales” : Una descripción general de los procedimientos en la sesión conjunta, incluidas las objeciones de los miembros del Congreso”.  dice claramente: 

...los motivos para una objeción al conteo de un voto o votos electorales parecerían del estatuto federal y de fuentes históricas que tal voto... no fue "certificado legalmente" de acuerdo con los procedimientos estatutarios estatales.

CRS agrega esta importante aclaración:

Cabe señalar que la palabra lícitamente fue insertada expresamente por la Cámara en la legislación del Senado (S.9, 49 ° Congreso) antes de la palabra certificado (énfasis tal como está escrito). Podría decirse que tal adición proporciona una indicación de que el Congreso pensó que podría, como base para una objeción, cuestionar e investigar la legalidad de la certificación bajo la ley estatal (énfasis agregado).

Otros antecedentes históricos en la historia de las Leyes estadounidenses que seguramente será  utilizada por la defensa de Trump podemos encontrarla  en un artículo del 2004 de Stephen A. Siegel en Florida Law Review llamado  “ La Guía del Congresista Consciente sobre la Ley del Condado Electoral de 1887 ”, que usted puede consultar aquí.   Siegel señala que la Ley de Conteo Electoral de 1887 dejó en claro que : 

..el Congreso no puede anular “el proceso de determinación final del estado debidamente designado por la ley estatal... debido a un simple error”. Sin embargo, no está claro si este estándar “está sujeto a una excepción de fraude , así como el alcance de esa excepción, si existe” (énfasis agregado).

Después de las elecciones de 2020, True the Vote (TTV), que proporcionó la investigación y la narrativa subyacentes para la película 2000 Mules, hizo muchas afirmaciones inquietantes: 

 Los llamados verificadores de hechos emitieron opiniones diseñadas para desacreditar las afirmaciones de recolección generalizada de votos. Personalmente, creo que los verificadores de hechos fueron parciales, ingenuos y completamente equivocados; y he escrito por separado sobre ese tema. Sin embargo, admitiré que la narrativa de TTV está lejos de ser probada, en este momento.

La retorica de los demócratas y el propio fiscal Smith se contradicen...imaginemos  que la prueba concluyente de las acusaciones de True the Vote  se produce dentro de seis meses y muestra que los operativos rusos o chinos estuvieron involucrados. ¿Tolerarían los estadounidenses que se cambiara su elección de esa manera? ¿Dirían que no hay nada que hacer al respecto porque la Ley de Conteo Electoral  no proporciona un medio claro e inequívoco para tratar el fraude? No lo creo y, lo que es más importante, no creo que Jack Smith lo piense así. Por eso su acusación esquizofrénica da la impresión de que se trata de un simple asunto federal de recoger, contar y certificar votos electorales. Sin embargo, Smith dedica la mayor parte de la acusación a luchar contra varias acusaciones de fraude electoral estatal . Lo quiere de las dos formas.

El principal problema que dió pie a la acusación de fraude fue la violación de la Ley Electoral con disposiciones de gobernadores y fiscales estatales, como conteos de votos mas alla del dia de votaciones, admision de pauqtes de votos por correo  sin verificar y limitación de los fiscales de votaciones debido a la pandemia. Estos cambios SOLO corresponden a las legislaturas estatales y no a  fiscales de distritos ni a gobernadores estatales. . Aun asi hasta Corte Suprema omitió semejante violación que hubiera sido suficiente como para anular una elección. 

Casi nadie recuerda que hubo legulaturas estatales como las del 101st Legislative District Pennsylvania House of Representatives (léalo aquí)  que denunciaron estas violaciones pero nadie las tomo en cuenta. 

Debido a que este juicio probablemente tendrá lugar en un tribunal de DC, nadie debe afirmar categóricamente  que Trump y los otros acusados ​​serán absueltos.Es poco probable que sean condenados si la defensa argumenta estos elementos descritos aqui. Sin embargo, hay un lado positivo brillante: el pueblo estadounidense finalmente puede escuchar por qué las elecciones de 2020 se certificaron incorrectamente.


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